Puede definirse como el conjunto de atribuciones que, en forma expresa o razonablemente implícita, confiere la constitución. La competencia no es sólo una medida de poderes, sino también de deberes, porque no sólo es posible en virtud de ella entrar en relaciones jurídicas y afectar el mundo del derecho, mediante la realización de actos jurídicos, sino que también puede ser necesario, en cumplimiento de vínculos impuestos por la ley para la mejor satisfacción del interés público.

Toda competencia pública implica siempre la necesidad de su ejercicio en beneficio de la colectividad y puede formularse el principio de que el agente público tiene no sólo la potestad sino también el deber de ejercer su competencia, por ser extraño y no propio el interés a satisfacer con ese ejercicio.

En principio, las competencias son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) y siempre será regulada por ley, cuando contenga la atribución de potestades de imperio. Según el artículo 60, las competencias se limitarán por razón del territorio, del tiempo, de la materia y del grado, así como por la naturaleza de la función que corresponda a un órgano dentro del procedimiento en que participa.

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